En todo Estados Unidos, las empresas que comenzaron a depender de los inmigrantes para que sus modelos de negocios funcionen se enfrentarán a una dura alerta: Donald Trump tiene la intención de cerrar esa fuente de mano de obra.
La fuerza laboral migrante, que ha impulsado la mayor parte de la creación de empleos en EU desde 2020, está en riesgo por dos frentes: Trump propone eliminar protecciones legales y permisos de trabajo de cientos de miles de personas que ya viven en el país, mientras que su política de mano dura en la frontera ha frenado la llegada de nuevos migrantes.
En el primer frente, el mayor peligro lo enfrentan más de 800 mil personas —principalmente de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela— que fueron admitidas en EU o recibieron autorización para permanecer bajo el gobierno de Joe Biden por razones humanitarias y se les concedieron permisos de trabajo temporales. Aunque tribunales federales han frenado los intentos por cancelar estas protecciones, Trump ya ha dejado claras sus intenciones. Por otro lado, en la frontera sur de EU, en marzo pasado la Patrulla Fronteriza detuvo a unas 7 mil personas que cruzaron de forma ilegal, el nivel más bajo desde al menos la década de 1960. Para comparar, durante el gobierno de Biden ingresaban casi 2 millones de personas al año sin documentos, muchas de las cuales también obtuvieron permisos temporales para permanecer y trabajar.
Sumando ambos factores, crece el riesgo de que una parte fundamental de la fuerza laboral que cubre empleos esenciales y sostiene industrias afectadas por la escasez de trabajadores desaparezca. Esto preocupa a empresas de sectores como la construcción, el campo, el procesamiento de alimentos y empacadoras de carne. La inmigración ha ayudado a contener la presión sobre los salarios en un entorno inflacionario, y sin ella, la fuerza laboral prácticamente se habría estancado.
“El problema no es solo la deportación; es la cancelación del estatus migratorio”, advierte Daniel Costa, del Economic Policy Institute. Según él, los migrantes indocumentados, incluidos aquellos con permisos temporales, representan casi el 6 por ciento de la fuerza laboral en EU. “Muchos empleadores están a punto de perder a sus trabajadores actuales y no saben qué hacer”, afirma.
Esto es especialmente crítico en estados con pleno empleo. En Nebraska, por ejemplo, hay unas 50 mil vacantes y apenas 32 mil personas desempleadas. “Estamos en el epicentro de este problema”, señala Bryan Slone, director saliente de la Cámara de Comercio e Industria del estado. “Tenemos de las tasas de desempleo más bajas del país. Simplemente no hay gente disponible para llenar esos puestos”. Muchos de esos empleos están siendo cubiertos por migrantes con permisos de trabajo bajo programas humanitarios o de protección temporal (TPS), ambos en la mira de las políticas de Trump. Su administración argumenta que estas protecciones, creadas originalmente como ayuda temporal para personas que huían de desastres naturales o conflictos armados, se han usado para que permanezcan en el país de forma indefinida.
En una planta de manufactura grande en Nebraska, casi el 30 por ciento de su personal —de miles de empleados— depende de este tipo de permisos, según el gerente de la fábrica, quien prefirió mantenerse en el anonimato para evitar atraer atención de las autoridades migratorias.
La planta está completamente operativa, pero perder a estos trabajadores sería desastroso. “Sin ellos, estaríamos en serios aprietos”, afirma.
Situaciones similares ocurren en otras partes del país. En Springfield, Ohio, llegaron unos 15 mil haitianos en los últimos años —muchos bajo protección TPS—, lo que fortaleció la fuerza laboral en manufactura y logística. Sin embargo, la comunidad también se volvió centro de controversia política después de que Trump y otros políticos difundieran afirmaciones falsas sobre migrantes que supuestamente se comían a las mascotas locales, un episodio que contribuyó a posicionar la migración como tema electoral clave el año pasado.
Hasta ahora, la agenda migratoria de Trump ha estado más enfocada en la narrativa que en acciones masivas. En meses recientes, el Departamento de Seguridad Nacional ha producido videos profesionales mostrando redadas y deportaciones de presuntos pandilleros enviados a cárceles en Centroamérica. Pero en términos históricos, las deportaciones han sido relativamente moderadas (unas 65 mil en los primeros 100 días de Trump), muy lejos del ritmo necesario para alcanzar la meta de más de un millón este año. Hasta ahora, el impacto en el mercado laboral ha sido limitado y afecta solo a una fracción de los trabajadores sin documentos.
Pero la situación podría cambiar pronto. Trump propuso aumentar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional a 107 mil millones de dólares para 2026, un aumento del 65 por ciento respecto al nivel actual, lo que daría margen para escalar las deportaciones si el Congreso lo aprueba. Su argumento es que esta política busca restaurar la seguridad pública, proteger empleos y poner primero a los estadounidenses. Asegurar la frontera, según su equipo, es una causa compartida que trasciende partidos y que contribuyó a su triunfo.
Trump ha insinuado, aunque sin muchos detalles, la posibilidad de abrir más vías legales para el empleo migrante. En abril, planteó crear un programa que permita a trabajadores agrícolas y de la industria turística salir temporalmente de EU y regresar de manera legal.
Mientras tanto, algunas empresas están tratando de retener a su personal mediante el complejo proceso de visas. Laura Bloniarz, abogada de inmigración en Santa Mónica, California, comenta que ha aumentado el número de empresas dispuestas a patrocinar a empleados con estatus humanitario en riesgo, solicitando visas H-1B, usualmente reservadas para talento altamente calificado. Este año, sus clientes han tenido suerte, con una tasa de selección del 40 por ciento en el sorteo de estas visas, incluyendo personas con solicitudes de asilo pendientes. Los solicitantes de asilo pueden pedir un permiso de trabajo seis meses después de iniciar su trámite. Aunque es un proceso difícil, sigue siendo más rápido que esperar una resolución en los tribunales migratorios, que acumulan cerca de 4 millones de casos.
Además de los efectos inmediatos, las políticas de Trump podrían tener consecuencias a largo plazo para la economía. Costa señala que sin nuevos migrantes, la fuerza laboral estadounidense tendría hoy el mismo tamaño que hace tres décadas, lo que implicaría un país más pequeño y con menor crecimiento. “No hay crecimiento económico sin migrantes”, asegura. Esta visión ha sido respaldada por líderes empresariales, quienes ven la inmigración legal como una vía para reducir la presión sobre los salarios y facilitar la contratación. Los sindicatos, por su parte, han rechazado las deportaciones masivas y proponen reformar los programas de trabajadores temporales, que suelen ser explotados y generar competencia desleal. “Un ambiente de miedo hace menos seguras a nuestras comunidades y centros de trabajo”, advirtió la AFL-CIO en diciembre.
En la Reserva Federal, los responsables de la política monetaria también están analizando los efectos en el mercado laboral. “Parte del crecimiento de los últimos años se debe a los niveles muy altos de inmigración”, dijo en abril Jerome Powell, presidente del organismo. Aunque esa tendencia se desaceleró al final del gobierno de Biden, la menor demanda de trabajadores ha permitido mantener estable la tasa de desempleo.
Eso sí, el tema migratorio no es la única fuente de incertidumbre bajo Trump.
También hay tensiones con respecto a aranceles, tratados comerciales, recortes fiscales y desregulación. Pero a diferencia de esos temas, que dependen de expectativas y proyecciones, el impacto de la inmigración es tangible. “Es una realidad concreta”, dice Derek Tang, economista y cofundador de LHMeyer/Monetary Policy Analytics. “Aquí no hablamos de escenarios futuros. Estamos hablando de si las personas pueden o no quedarse en el país”.
—Con la colaboración de Josh Eidelson
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